lo oscuro de la iglesia

Obispos mexicanos rechazan encubrir casos de pederastia La Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) negó que los obispos encubran casos de inconducta sexual, aseguró que "el crimen de pederastia siempre deberá ser denunciado y condenado", y reiteró su "disposición a colaborar con las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia". El comunicado fue publicado luego que un ciudadano mexicano identificado como Joaquín Aguilar, y la llamada Red de Sobrevivientes de Abusos de Sacerdotes, SNAP (por sus siglas en inglés), interpusieran una demanda ante la Corte del Estado de California (EEUU), acusando al Arzobispo de México, Cardenal Norberto Rivera Carrera, de "conspirar internacionalmente" para encubrir a sacerdotes acusados de pederastia. A través de un comunicado firmado por el Secretario General de la CEM, Mons. Carlos Aguiar Retes, el Episcopado rechazó encubrir cualquier tipo de abuso sexual. En el texto, los obispos expresaron su "dolor y solidaridad por las personas víctimas de todo tipo de abusos sexuales y condenamos las acciones pederastas de cualquier ser humano, sea sacerdote, religioso o laico, advirtiendo que quien incurra en ello deberá enfrentar las consecuencias de sus actos frente a las autoridades". El Episcopado también "asume como propias las declaraciones de la Arquidiócesis de México", que pide a los fieles denunciar a las autoridades competentes cualquier caso de abuso sexual que conozcan. La CEM expresó su confianza en que las investigaciones "se apegarán a la rigurosa búsqueda de la verdad", respetando "el principio de la presunción de inocencia" y dentro  del "marco de protección a la dignidad y los derechos de la persona humana". Finalmente, exhortó a todos los mexicanos "a vivir el amor cristiano que impulsa a la denuncia, a la propuesta y al compromiso con proyección social para la construcción del bien común". Cuestión personal Por su parte, el Director General de Comunicación Social de la Arquidiócesis de México, P. Hugo Valdemar Romero, señaló que la acusación contra el Cardenal Rivera podría responder a "una venganza política" de grupos de izquierda, que ven al Purpurado como "enemigo personal". En declaraciones a la agencia Notimex, indicó que "este tipo de grupos, como la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes (SNAP) y Católicas por el Derecho a Decidir, están muy ligados a la izquierda, y en ella existen grupos que consideran un enemigo personal al Cardenal Norberto Rivera, y están muy molestos" por su llamado a la institucionalidad. En un comunicado firmado por el sacerdote, la arquidiócesis recuerda que el Cardenal Rivera "siempre ha deplorado y condenado públicamente el crimen perverso de la pederastia" y ha "advertido a sus sacerdotes que si alguno de ellos delinque", deberá enfrentar las consecuencias "ante los tribunales tanto canónico como civil, sin que gocen de ninguna protección por parte de la Arquidiócesis". El texto descarta que el Purpurado haya encubierto a algún sacerdote o participado en complot alguno para dar asilo en México a sacerdotes delincuentes acusados de abusos sexuales". Contexto generalA finales de la década de 1990 comenzaron a salir a la luz denuncias contra sacerdotes y religiosos católicos, principalmente en Estados Unidos y Australia, acusados de abusos sexuales a menores, cometidos durante la segunda mitad del siglo pasado. Un informe de la BBC, de 2004, señalaba que el 4% del clero católico de Estados Unidos ha estado implicado en prácticas sexuales con menores (unos 4.000 sacerdotes en 50 años). Más de un centenar de miembros de la Iglesia Católica australiana han sido condenados por abusar sexualmente de un millar de víctimas, según la organización Broken Rites. El Papa Benedicto XVI ha condenado reiteradamente estas prácticas, subrayando que "sacerdocio y pederastia son incompatibles" De acuerdo a estudios de Philip Jenkins, profesor de Historia y Estudios Religiosos en la Universidad de Pensilvania,[12] el 99,8% de los sacerdotes católicos nunca se han visto implicados en este tipo de comportamientos delictivos  y no existe evidencia de que la pedofilia sea más común entre el clero católico, que entre los ministros protestantes, los líderes judíos, los médicos o miembros de cualquier otra institución en la que los adultos ocupen posiciones de autoridad sobre los niños. Sin embargo, un informe de la BBC de 2004, declara que en los Estados Unidos el 4% del clero católico de ese país ha estado implicado en prácticas sexuales con menores, en número aproximado de 4000 sacerdotes durante los últimos 50 años aunque sólo entre el 5 y el 10% de las víctimas denuncia el caso, según Barbara Blaine, presidenta de la Red de sobrevivientes de abusados por sacerdotes (SNAP) de los EE.UU. La mayoría de los casos se presentaron en seminarios sacerdotales, escuelas y orfanatos en donde niños y adolescentes estaban bajo el cuidado del clero. La publicación de numerosos escándalos creó una fuerte crítica hacia la jerarquía de la Iglesia, especialmente por la actitud que algunos obispos y superiores religiosos asumieron frente a las evidencias del hecho limitándose a llamados de atención privados y el traslado del infractor a otros sitios, mientras se guardó una indiferencia sistemática frente a las víctimas, lo que llevó a la conclusión de que los superiores de los infractores estaban encubriendo el crimen. Por otra parte, muchas denuncias fueron falsas,y aprovechadas por ciertos sectores opositores de la Iglesia. [editar] AntecedentesLos casos de abuso sexual a menores de edad se presentaron siempre allí en donde niños y adolescentes estaban en contacto con religiosos, de la misma manera que sucede en otro tipo de organizaciones que tienen la responsabilidad de su cuidado o que están en contacto frecuente con los mismos. La confianza que los ministros de la Iglesia generan entre los laicos facilitó en la mayoría de las ocasiones el obrar del abusador en parroquias, seminarios, orfanatos, hospitales y organizaciones de trabajo social. En muchos casos la víctima no recibió atención inmediata incluso por parte de su familia debido al respeto que esta le tenía al implicado o por temor e ignorancia. El Código de Derecho Canónico, la base del derecho eclesiástico, contempla penas para los delitos que tienen que ver con el abuso sexual, como se expresa en varios cánones. Según el Canon 1395, el clérigo que cometa un delito sexual con un menor de edad, sea este por medio de violencia o amenazas, debe ser castigado con penas justas que pueden incluir la expulsión del estado clerical. Las evidencias de este crimen por parte de religiosos puede ser trazada con anterioridad al siglo XX debido a la existencia de documentos eclesiásticos que buscan prevenirlo, como la constitución apostólica Sacramentum Poenitentiae de 1741. Sin embargo, el desarrollo de los medios de comunicación, especialmente después de la II Guerra Mundial, pondrían en evidencia el caso no sólo dentro de la Iglesia Católica, sino de todas aquellas instituciones y organizaciones en donde adultos tienen contacto directo con menores. Con el advenimiento de la secularización, especialmente de aquellas naciones de fuerte tradición católica, los casos adquirieron una gran relevancia para ciertos sectores anticatólicos. [editar] Primeros casos denunciadosLos primeros casos denunciados de manera pública se presentaron por primera vez en Estados Unidos e Irlanda. El informe John Jay encontró acusaciones contra 4.392 sacerdotes estadounidenses en el lapso de 50 años, lo que representaba el 4% del clero de ese país. Las evidencias llamaron pronto la atención de la opinión pública internacional porque se trataba de víctimas menores de edad, numerosos niños impúberes y en su mayoría varones.Los primeros casos se dieron durante la los 90, pero su amplio informe en los medios pronto motivó a antiguas víctimas a denunciar a sus agresores y cuyo abuso se había presentado desde años tan tempranos como 1940, [editar] Visibilización del problema en los mediosLas denuncias aumentaron de manera inmediata no sólo en países de tradición católica como Irlanda, sino en otras naciones como el Reino Unido, Canadá y, sobre todo, en Estados Unidos en donde recibieron una amplia difusión en los medios de comunicación social, los cuales recogieron declaraciones de las víctimas. Los informes se centraron especialmente en las maneras en que los menores fueron abusados y posteriormente silenciados por medio de constricciones morales, psicológicas e incluso violentas y en el silencio que guardaron por años algunos jerarcas de la Iglesia, hecho que fue visto como encubrimiento del delito. Muchas de las víctimas conformaron asociaciones para fortalecer sus reclamos judiciales y de compensación frente a los agresores y a las instituciones eclesiales y en numerosos casos recibieron el apoyo de partidos políticos y otros sectores sociales. Muchos casos resultaron ser calumniosos, evidenciando una manipulación en favor de ciertos intereses antieclesiales o de deseo de sensacionalismo periodístico. Las denuncias no se centraron sólo dentro de la esfera del abuso sexual, sino que incluyeron también la violencia física y moral, como fue el caso en Irlanda de las Hermanas de la Misericordia con los asilos de las Magdalenas, caso que fue llevado al cine con el título "The Magdalene sisters" (2002) de Peter Mullan. La película, elaborada con testimonios de las víctimas, muchas de ellas ya de edad avanzada, recuenta el drama de muchachas que eran internadas por sus familias a causa de embarazos no deseados y en donde eran sometidas a castigos físicos y violencia física y moral. México Fotografía de Marcial Maciel a fines del 2004 en Santa Maria Maggiore, Roma, ItaliaLos casos de abuso sexual contra menores de edad por parte de sacerdotes católicos en México han sido denunciados desde hace décadas, aunque han sido pocos los que han llegado a ser confirmados. En el 2002 la Iglesia fue acusada de cubrir los casos de abuso e incluso de pagar dinero para comprar el silencio de las víctimas. En este país cobra importancia particular el caso de Marcial Maciel, fundador de la Legión de Cristo. Maciel murió en 2008, entre acusaciones de abuso sexual contra varios seminaristas y niños y la exigencia por parte de las víctimas de que pidiera perdón. Uno de los acusadores de Maciel fue el ex rector de la Universidad Anáhuac, Juan Manuel Fernández Amenábar, cuyo caso fue a dado a conocer por Alberto Athié Gallo. En 1997 nueve ex legionarios enviaron una carta pública a Juan Pablo II donde denunciaron abusos sexuales por parte de Maciel. Las acusaciones en contra de Maciel fueron negadas durante años por parte de la Legión de Cristo, que finalmente reconoció públicamente los crímenes realizados por su fundador. En 2010, la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) dio a conocer una lista de 65 sacerdotes acusados en Estados Unidos de abuso sexual. Dichos sacerdotes se encuentran en varias diócesis de México, algunos de ellos en activo. SNAP también ha presentado acusaciones contra Norberto Rivera Carrera, arzobispo de México, al que acusan de haberse coludido con Roger Mahony para proteger a varios de estos sacerdotes, pero particularmente en el caso de Nicolás Aguilar, procesado en Tehuacán (Puebla) por abuso sexual contra por lo menos sesenta niños. Las quejas contra Rivera Carrera han llegado a los tribunales estadounidenses, la primera de ellas fue desechada porque el tribunal consideró que la materia de la demanda estaba fuera de su jurisdicción. La cuarta demanda contra el prelado mexicano fue presentada por SNAP ante un tribunal federal estadounidense en Los Ángeles (California).El acto fue minimizado por la Arquidiocesis Primada de México, que calificó la denuncia como "calumniosa", "engaño mediático" y "oportunista".